Digresiones iniciales:
Nunca me habían llamado particularmente la atención. Pero desde el día que Barone en una discusión con Caparrós dijo que eran extramadamente sensacionalistas, me empezaron a causar gracia las portadas de Crítica (además de las de Página 12 y las de La Barcelona). Así que quizás este artículo debería estar dedicado a Barone, pero si empiezo con eso es probable que termine debiendo muchas cosas más a él y a muchos más. Me conviene más no dedicarlo a nadie y evitar así un futuro default... Un poquito más y podríamos decir que se trata de una adaptación de la doctrina del preemptive attack (para honrar mi formación de internacionalista).
Ahora sí:
"No hay cheque en blanco", se leía en la portada de Crítica de esta mañana. Photoshop mediante, se la veía a Cristina romper un cheque. La lectura de la nota no me lleva a pensar que haya sido intencional, de todos modos, la imagen me pareció brillante. Romper el cheque es justamente lo que debería hacerse en las actuales circunstancias.
Un cheque en blanco no se lo das a nadie. Ni a tu vieja (quizás debido a una división familiar de poderes, la lección la aprendí de mi abuela, pero fue bastante efectiva). No se lo das. Punto. No le das al "mercado". No le das al Estado. Ni al nacional, menos aún al provincial. En un sistema democrático, los electores firmamos nuestros cheques y les entregamos a los representantes para que ellos lleven adelante los proyectos que nos prometieron. Pero si la cosa fuera tan sencilla, seríamos todos muy felices. El quilombo es que cuando se sientan todos juntos, se dan cuenta que nosotros les pedíamos cosas muy distintas. Si algunas de estas cosas logran obtener mayoría, excelente - muchos se pondrán contentos. Otras cosas se podrán revisar, negociar. Pero lo más probable es que mucho de estos cheques sean devueltos a las manos de los electores: no tenían fondo en la cuenta de la sociedad. Y así vamos avanzando. De a poquito. De elecciones en elecciones. Al menos así entiendo yo que debería funcionar.
Ahora bien, ¿cómo eso incide sobre el tema del impuesto al cheque? El pecado es de origen: dicho impuesto nunca tendría que haber existido. Abandonado el 2002, volvió dos años después como medida temporaria, con miras a aumentar la recaudación de un Estado que se enfrentaba con una presión sobre los gastos para afrontar el proceso de recuperación de la crsis económica. Un poco de memoria sería suficiente para recordar los muchos debates que se dieron hacia fines del 2009, cuestionando la necesidad de renovar esa tarifa. Curiosamente, se pudo ver a muchos de la oposición sosteniendo argumentos de que en el actual contexto económico se podría prescindir de ese impuesto altamente distorsivo. El gobierno, con amplia mayoría parlamentaria, aseguró su renovación. Luego, al votar el presupuesto, se comprometieron estos recursos. Triste, me quedé pensando: está bien, un mal menor, de a poquito, es transitorio, qué se le va a hacer, es la mayoría y estamos en una democracia. Estamos bien.
Tras el cambio de la composición parlamentaria, asistir a los mismos que se opusieron a su renovación abogar ahora por la coparticipación integral del impuesto es como mínimo indignante. Que encima lo hagan en nombre del federalismo es borrar con el codo cualquier proyecto sustentable de país.
La actual discrecionalidad en el reparto del impuesto al cheque puede sonar autoritaria y seguramente contribuye para la consolidación de un proyecto político específico, el del Ejecutivo nacional. Por otro lado, los desembolsos hechos hasta el momento aseguran que estos recursos sean dirigidos, en su gran mayoría, a gastos de inversión, que tienen impacto positivo en el largo plazo, que ejercen poca presión sobre la inflación (además de los puestos de trabajo). No es ésta la finalidad que le va a dar los opositores (incluyendo algunos oficialistas). Los gobernadores y legisladores que piden que se coparticipen estos fondos lo hacen para aumentar los recursos disponibles en las provincias para que puedan cobrir gastos corrientes, sobre todo, sueldos. En una falacia atroz, buscan justificar su planteo frente al ajuste de los sueldos negociados en las paritarias nacionales. Es cierto que muchas provincias se encuentran hoy bajo una gran presión fiscal, debida en gran parte a la decentralización de los servicios de educación y salud. También es cierto que el financiamiento de políticas en estas dos áreas son esenciales para asegurar derechos básicos de todos los ciudadanos. Naturalmente, estos gastos se tienen que financiar con impuestos. Pero no con el impuesto al cheque (tampoco con reservas, lo aclaro por las dudas...).
El impuesto a las transacciones bancarias tiene una gran ventaja: es muy fácil cobrarlo y su potencial recaudatorio está estrechamente vinculado al crecimiento de la economía. Pero tiene un efecto muy perverso: al tasar el uso de la red bancaria, desincentiva el ingreso de usuarios a este sistema. No se trata de una cuestión abstracta. En la oficina que trabajo, nos pagan con cheques o transferencias. La única manera que tengo yo para cobrar exactamente lo que dice en ese cheque es hacerlo por ventanilla: si lo deposito o si me hacen una transferencia, pago el impuesto, que supera el 1% sacadas todas las cuentas. Me llevo la plata en efectivo a mi casita y, si no me roban, la voy gastando a lo largo del mes (más al principio que al final, dígase...). Ésa es la opción que hace la mayoría de mis colegas. Todos tienen cuentas en los bancos, pero no las usan. Naturalmente, el impuesto al cheque es un motivo más para no hacerlo, aunque no el principal: al no depositar la plata en su cuenta, aumentan las oportunidades de evadir impuestos a las ganancias, ya que el sistema no logra generar registros de sus ingresos y gastos. Al desincentivar el uso de la red bancaria, se incentiva el crecimiento de la economía en efectivo y crecen los márgenes para la evasión, aumentando la presión fiscal en el mediano plazo. Por eso, el impuesto al cheque no debería ser usado sino como una medida transitoria.
Ahora bien, todos los impuestos son, en la práctica, distorsivos. Pero hay uno que lo es menos: el impuesto a la tierra. Lo más curioso es que ese impuesto no lo cobra la Nación. Son las arcas provinciales que lo recaudan y de manera asombrantemente benévola. En la mayoría del país las alícuotas han permanecido inalteradas a lo largo de la última década y no se ha procedido a la actualización del valor de los terrenos e inmuebles, pese a la enorme apreciación del sector. Una excepción es la Ciudad de Buenos Aires, lo que me coloca en la terrible condición de reconocer algo bueno en esta administración siniestra. El aumento del ABL es una medida muy bienvenida: al tasar proporcionalmente al valor actual del inmueble, el impuesto no solo aumenta los recursos fiscales del gobierno, sino que lo hace con cierta progresividad. La crítica sería, en todo caso, como gastar esa plata (¡ufa, acá Macri no zafa!). Si la medida se extendiera a las demás provincias, quizás no habría tantos gobernadores quejándose de la dependencia del estado nacional y quizás no tendríamos que presenciar el espectáculo absurdo de la coparticipación de un impuesto que no debería existir.
Hacerlo coparticipable al impuesto al cheque es, para los efectos prácticos, inmortalizarlo. A partir del momento que estos recursos sean destinados para cubrir gastos corrientes de las provincias, se volverá políticamente inviable su derogación. Salvo, naturalmente, en una nueva oleada de políticas de ajuste. ¿De éso estamos hablando?
Por eso me gustó la tapa de Crítica de esta mañana. Repito: no parece que ésta haya sido la línea editorial - si lo fue, a mí no me resultó clara. Pero si yo estuviera en el lugar de Cristina, es justamente lo que haría: rompería el cheque. Derogaría el impuesto a las transacciones bancarias antes que se haga coparticipable. Y abriríamos la discusión sobre cómo hay que financiar el tan necesario gasto público. Y que quede claro: yo no voy por un ajuste.
Mi cheque lo tiene este proyecto para el desarrollo de un país que no sólo crezca, sino que, sobre todo, incluya.
Nunca me habían llamado particularmente la atención. Pero desde el día que Barone en una discusión con Caparrós dijo que eran extramadamente sensacionalistas, me empezaron a causar gracia las portadas de Crítica (además de las de Página 12 y las de La Barcelona). Así que quizás este artículo debería estar dedicado a Barone, pero si empiezo con eso es probable que termine debiendo muchas cosas más a él y a muchos más. Me conviene más no dedicarlo a nadie y evitar así un futuro default... Un poquito más y podríamos decir que se trata de una adaptación de la doctrina del preemptive attack (para honrar mi formación de internacionalista).
Ahora sí:
"No hay cheque en blanco", se leía en la portada de Crítica de esta mañana. Photoshop mediante, se la veía a Cristina romper un cheque. La lectura de la nota no me lleva a pensar que haya sido intencional, de todos modos, la imagen me pareció brillante. Romper el cheque es justamente lo que debería hacerse en las actuales circunstancias.
Un cheque en blanco no se lo das a nadie. Ni a tu vieja (quizás debido a una división familiar de poderes, la lección la aprendí de mi abuela, pero fue bastante efectiva). No se lo das. Punto. No le das al "mercado". No le das al Estado. Ni al nacional, menos aún al provincial. En un sistema democrático, los electores firmamos nuestros cheques y les entregamos a los representantes para que ellos lleven adelante los proyectos que nos prometieron. Pero si la cosa fuera tan sencilla, seríamos todos muy felices. El quilombo es que cuando se sientan todos juntos, se dan cuenta que nosotros les pedíamos cosas muy distintas. Si algunas de estas cosas logran obtener mayoría, excelente - muchos se pondrán contentos. Otras cosas se podrán revisar, negociar. Pero lo más probable es que mucho de estos cheques sean devueltos a las manos de los electores: no tenían fondo en la cuenta de la sociedad. Y así vamos avanzando. De a poquito. De elecciones en elecciones. Al menos así entiendo yo que debería funcionar.
Ahora bien, ¿cómo eso incide sobre el tema del impuesto al cheque? El pecado es de origen: dicho impuesto nunca tendría que haber existido. Abandonado el 2002, volvió dos años después como medida temporaria, con miras a aumentar la recaudación de un Estado que se enfrentaba con una presión sobre los gastos para afrontar el proceso de recuperación de la crsis económica. Un poco de memoria sería suficiente para recordar los muchos debates que se dieron hacia fines del 2009, cuestionando la necesidad de renovar esa tarifa. Curiosamente, se pudo ver a muchos de la oposición sosteniendo argumentos de que en el actual contexto económico se podría prescindir de ese impuesto altamente distorsivo. El gobierno, con amplia mayoría parlamentaria, aseguró su renovación. Luego, al votar el presupuesto, se comprometieron estos recursos. Triste, me quedé pensando: está bien, un mal menor, de a poquito, es transitorio, qué se le va a hacer, es la mayoría y estamos en una democracia. Estamos bien.
Tras el cambio de la composición parlamentaria, asistir a los mismos que se opusieron a su renovación abogar ahora por la coparticipación integral del impuesto es como mínimo indignante. Que encima lo hagan en nombre del federalismo es borrar con el codo cualquier proyecto sustentable de país.
La actual discrecionalidad en el reparto del impuesto al cheque puede sonar autoritaria y seguramente contribuye para la consolidación de un proyecto político específico, el del Ejecutivo nacional. Por otro lado, los desembolsos hechos hasta el momento aseguran que estos recursos sean dirigidos, en su gran mayoría, a gastos de inversión, que tienen impacto positivo en el largo plazo, que ejercen poca presión sobre la inflación (además de los puestos de trabajo). No es ésta la finalidad que le va a dar los opositores (incluyendo algunos oficialistas). Los gobernadores y legisladores que piden que se coparticipen estos fondos lo hacen para aumentar los recursos disponibles en las provincias para que puedan cobrir gastos corrientes, sobre todo, sueldos. En una falacia atroz, buscan justificar su planteo frente al ajuste de los sueldos negociados en las paritarias nacionales. Es cierto que muchas provincias se encuentran hoy bajo una gran presión fiscal, debida en gran parte a la decentralización de los servicios de educación y salud. También es cierto que el financiamiento de políticas en estas dos áreas son esenciales para asegurar derechos básicos de todos los ciudadanos. Naturalmente, estos gastos se tienen que financiar con impuestos. Pero no con el impuesto al cheque (tampoco con reservas, lo aclaro por las dudas...).
El impuesto a las transacciones bancarias tiene una gran ventaja: es muy fácil cobrarlo y su potencial recaudatorio está estrechamente vinculado al crecimiento de la economía. Pero tiene un efecto muy perverso: al tasar el uso de la red bancaria, desincentiva el ingreso de usuarios a este sistema. No se trata de una cuestión abstracta. En la oficina que trabajo, nos pagan con cheques o transferencias. La única manera que tengo yo para cobrar exactamente lo que dice en ese cheque es hacerlo por ventanilla: si lo deposito o si me hacen una transferencia, pago el impuesto, que supera el 1% sacadas todas las cuentas. Me llevo la plata en efectivo a mi casita y, si no me roban, la voy gastando a lo largo del mes (más al principio que al final, dígase...). Ésa es la opción que hace la mayoría de mis colegas. Todos tienen cuentas en los bancos, pero no las usan. Naturalmente, el impuesto al cheque es un motivo más para no hacerlo, aunque no el principal: al no depositar la plata en su cuenta, aumentan las oportunidades de evadir impuestos a las ganancias, ya que el sistema no logra generar registros de sus ingresos y gastos. Al desincentivar el uso de la red bancaria, se incentiva el crecimiento de la economía en efectivo y crecen los márgenes para la evasión, aumentando la presión fiscal en el mediano plazo. Por eso, el impuesto al cheque no debería ser usado sino como una medida transitoria.
Ahora bien, todos los impuestos son, en la práctica, distorsivos. Pero hay uno que lo es menos: el impuesto a la tierra. Lo más curioso es que ese impuesto no lo cobra la Nación. Son las arcas provinciales que lo recaudan y de manera asombrantemente benévola. En la mayoría del país las alícuotas han permanecido inalteradas a lo largo de la última década y no se ha procedido a la actualización del valor de los terrenos e inmuebles, pese a la enorme apreciación del sector. Una excepción es la Ciudad de Buenos Aires, lo que me coloca en la terrible condición de reconocer algo bueno en esta administración siniestra. El aumento del ABL es una medida muy bienvenida: al tasar proporcionalmente al valor actual del inmueble, el impuesto no solo aumenta los recursos fiscales del gobierno, sino que lo hace con cierta progresividad. La crítica sería, en todo caso, como gastar esa plata (¡ufa, acá Macri no zafa!). Si la medida se extendiera a las demás provincias, quizás no habría tantos gobernadores quejándose de la dependencia del estado nacional y quizás no tendríamos que presenciar el espectáculo absurdo de la coparticipación de un impuesto que no debería existir.
Hacerlo coparticipable al impuesto al cheque es, para los efectos prácticos, inmortalizarlo. A partir del momento que estos recursos sean destinados para cubrir gastos corrientes de las provincias, se volverá políticamente inviable su derogación. Salvo, naturalmente, en una nueva oleada de políticas de ajuste. ¿De éso estamos hablando?
Por eso me gustó la tapa de Crítica de esta mañana. Repito: no parece que ésta haya sido la línea editorial - si lo fue, a mí no me resultó clara. Pero si yo estuviera en el lugar de Cristina, es justamente lo que haría: rompería el cheque. Derogaría el impuesto a las transacciones bancarias antes que se haga coparticipable. Y abriríamos la discusión sobre cómo hay que financiar el tan necesario gasto público. Y que quede claro: yo no voy por un ajuste.
Mi cheque lo tiene este proyecto para el desarrollo de un país que no sólo crezca, sino que, sobre todo, incluya.
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